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jueves 23 de enero 2014, CGT ha enviado un escrito a las partes implicadas en la prevista privatización de Aena Aeropuertos |
La privatización monopolística de Aena: un modelo a todas luces indeseable
En la mañana de hoy, 23 de enero, CGT ha enviado un
escrito a las partes implicadas en la prevista privatización de Aena Aeropuertos
sobre lo que considera un modelo pernicioso que pone en riesgo el futuro del principal
motor económico en esta crisis, el sector turístico.
En un escrito dirigido a las Cámaras de Comercio, agencias de viaje,
asociaciones de consumidores, patronales y compañías de aviación, Cabildos Insulares,
patronales hosteleras, Diputados de la Comisión de Fomento, y otros agentes y operadores
implicados en el sector, CGT denuncia que en los últimos meses, desde la alta
dirección de Aena, se está intentando transmitir a diversos agentes una visión que
entendemos absolutamente sesgada de un nuevo modelo que, a espaldas de la ciudadanía,
sin participación de los agentes sociales afectados directamente por el proceso,
e incluso sin luz y taquígrafos parlamentarios, supone un fraude para el Estado
y los ciudadanos, y pone en riesgo el sector que se está mostrando en esta crisis
como el motor de reactivación de la economía.
Según este nuevo modelo, la red pública de Aena
Aeropuertos se convertirá en un monopolio privado, cediendo a un grupo de inversores
institucionales, de carácter meramente financiero y no operativo, un 30% aproximado
del capital por un plazo mínimo de 3 años, y similar porcentaje saldría de una operación
de OPV a colocar en el mercado de bolsa entre pequeños inversores.
La privatización planteada hasta ahora se trata exclusivamente de
una mera transferencia de propiedad, con los cambios jurídicos que conllevaría,
y supone unos riesgos especulativos gravísimos para las necesidades sociales esenciales,
públicas y privadas, de los sectores implicados. La red pública de Aena Aeropuertos
deviene en un monopolio privado, expuesto a todo tipo de especulación financiera
de capitales, nacionales o internacionales, cuyos intereses son cortoplacistas,
coyunturales, especulativos, y no tienen por qué coincidir necesariamente con los
del sector ni con el bien común del ciudadano y su región.
CGT entiende que no es una idea descabellada que bajo este modelo
se pretenda posteriormente una venta parcializada de los aeropuertos que no interesen
a los nuevos propietarios, o que se produzca un aumento de tasas indiscriminadamente
y de forma camuflada para neutralizar gastos y así aumentar los beneficios del operador
de la red de aeropuertos.
En datos brutos podemos hablar de que el turismo supone
el 10% de nuestro PIB y el 12% del empleo. La dependencia económica de la red, asimismo,
de amplios sectores ligados a la misma, es sensiblemente mayor que la de otros países
del entorno, lo que produce que cualquier vaivén tarifario, como ha sucedido en
los últimos dos años, repercuta de manera más notable en aeropuertos que son básicamente
receptores y no emisores. La estructura en red pública ha venido permitiendo, hasta
hace poco, mantener unos precios competitivos al tiempo que ha posibilitado la especialización
de muchos aeródromos.
En el escrito destaca que no existe en el mundo ningún
modelo de monopolio privado que abarque la red íntegra aeroportuaria del país. A
nadie se le escapa que, desde una posición monopolística, que en este caso es de
propiedad y no sólo de concesión, como en el modelo ministerial anterior, cualquier
regulación no pasa de ser en el tiempo papel mojado ante la imposición fáctica.
Quien es propietario de la red impone las normas, pues en esta situación los mecanismos
de maniobra y chantaje que tendrían los nuevos propietarios condicionan la negociación
con los agentes implicados, que quedan en posición de indefensión, e incluso, la
capacidad normativa del legislador. En este sentido, entendemos que cualquier nuevo
marco regulatorio no sería más que una excusa para pretender legitimar un modelo
a todas luces indeseable.
El nuevo marco normativo para imponer este monopolio
privado se pretende imponer a base de un Real Decreto, medida que debiera estar
reservada a asuntos de necesidad y urgencia. Este modelo privatizador ha dejado
al Gobierno solo dentro del arco parlamentario. Es por ello que, igualmente, CGT
ha hecho registro del escrito a todos los grupos parlamentarios y partidos haciendo
hincapié en que para adoptar este tipo de medidas debiera contarse previamente con
todas las partes implicadas, Comunidades Autónomas, agentes del sector, operadores,
agentes turísticos, hosteleros, ayuntamientos, asociaciones de consumidores y usuarios
y, por supuesto, trabajadores. Y que de manera imprescindible debe contar con un
amplio consenso político y social, tras un debate real previo abierto a la sociedad
y la ciudadanía. La red de aeropuertos es un bien de todos, un bien público insustituible,
cuya trascendencia económica y social es fundamental en el Estado.
Se nos pretende hurtar este debate profundo apelando
a una supuesta necesidad, con un raquítico aporte de datos, sesgados en su mayoría;
por otro lado, se apela a la privatización como a un dogma bíblico, ahorrando así
la necesidad de aportar las razones por las que un monopolio privado mejorará el
sector aeroportuario en nuestro país. La propia Secretaria General de la Secretaría
de Infraestructuras, sra. Librero, no ha podido explicar, en reciente interpelación
parlamentaria, los motivos por los que abordar la privatización de Aena Aeropuertos,
siendo solvente, no suponiendo gasto a las arcas del Estado y teniendo un plan de
negocio consolidado. El ridículo precio en que se ha tasado, entre 12 y 16.000,
menos de la mitad de la anterior tasación realizada por el gabinete de Blanco, no
dejaría beneficio alguno a las arcas del Estado.
El modelo que propugna CGT es evidentemente público, donde los aeropuertos
(que se denominan por ley de interés general) estén para eso precisamente, para
el interés general. Un modelo que se ha demostrado autosostenible, ajeno a los bandazos
que el sector tolera mal, y que garantice la seguridad operacional y un servicio
de calidad. Entendemos que para este fin, se debe abrir el modelo a la participación
de todos los implicados.
Mención final, pero no menos importante, debe tener el
carácter insular de nuestro territorio. En los archipiélagos de Baleares y Canarias
existe una dependencia mayor y más directa de la red aeroportuaria, tanto obviamente
para garantizar el derecho a la libertad de movilidad de sus habitantes como en
la ligazón directa a su economía. Habría que hacerse la pregunta de qué interlocutor
tendrían con el nuevo modelo, qué influencia podrían ejercer a partir de ahora,
y quién sufragaría finalmente su peculiaridad insular.
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DOCUMENTOS RELACIONADOS
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Carta de la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, dirigido a las Cámaras de Comercio, agencias de viaje, asociaciones de consumidores, patronales y compañías de aviación, Cabildos Insulares, patronales hosteleras, diputados de la Comisión de Fomento, y otros agentes y operadores, ante el proceso de privatización de Aena
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